“4.770 niños muertos en La Guajira es una atrocidad”: alerta preocupante de la Corte

“4.770 niños muertos en La Guajira es una atrocidad”: alerta preocupante de la Corte

El pronunciamiento de la Corte Constitucional dejó al descubierto una escabrosa cifra sobre las muertes de menores por casos de desnutrición en el departamento de La Guajira. Gracias a El Heraldo y la periodista Sandra Guerrero, este tema se dio a conocer en los medios.

Según lo expuesto por el alto tribunal, en los últimos 8 años se han presentado 4.770 casos de niños fallecidos por problemas asociados a desnutrición en territorio guajiro, motivo por el cual decidió declarar el estado de cosas inconstitucionales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en lo que va corrido del 2018 se registran 41 muertes de niños por desnutrición en el departamento, cifra que supera por cuatro víctimas a la presentada en el mismo periodo del año anterior, cuando la cantidad de menores fallecidos por estas causas llegaba a los 37.

El fallo de la Corte asegura que la declaratoria de cosas inconstitucionales obedece a múltiples causas que deben ser atendidas en tres temas principales: alimentación, agua y salud.

“En los tres ejes descritos, la situación actual sigue siendo crítica, y han seguido ocurriendo nuevos hechos. Fundamentalmente, han ocurrido nuevas vulneraciones absolutas y definitivas del derecho a la vida de niños y niñas, a pesar (i) de las distintas órdenes que han proferido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, (ii) de los distintos planes, programas, iniciativas, alianzas y acciones del Gobierno Nacional, (iii) de la acción constante de los órganos de control y de la Superintendencia Nacional de Salud para llamar la atención sobre las irregularidades que dan lugar a desnutrición y en últimas a la muerte de niños, y (iv) a pesar de los recursos presupuestales asignados para la atención de los niños wayuu y a pesar de la movilización de las comunidades y de la sociedad civil para superar esta situación”, indica el fallo.

Para la Corte, lo hecho por las instituciones no ha sido suficiente contra la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los derechos fundamentales de los niños de la comunidad Wayú en cuanto al agua, la alimentación y la seguridad alimentaria; calificando esto como una vulneración generalizada injustificada y desproporcionada.

“La Sala debe reconocer el esfuerzo de las distintas entidades para hacer frente a esta crisis y para buscar alternativas para su superación. Sin embargo, las acciones implementadas por las diferentes entidades estatales tienen deficiencias que afectan el objetivo principal de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las niñas y los niños wayuu”, agregó el alto tribunal, quien también dejó ver la insostenibilidad de los programas empleados con esta población en busca de mejorar su calidad de vida, debido a la descoordinación existente entre las entidades territoriales a nivel nacional y las regionales.

La Corte ordenó que se tomaran medidas inmediatas apuntadas a generar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las políticas públicas con las que los entes administrativos buscan superar el estado de inconstitucionalidad declarado.
Los líderes de las comunidades indígenas mantienen la esperanza que la situación de sus niños cambie.

Según lo dicho en su intervención, Gustavo Valbuena, líder wayú de la zona norte extrema de la alta Guajira, todas las políticas implementadas por los organismos departamentales están destinadas a fracasar, toda vez que no se cuenta con información estadística que permita planearlas de manera correcta.

“Son necesarios varios aspectos, que haya transparencia en el manejo de recursos públicos, que haya sostenibilidad en las acciones y que haya un diálogo genuino con las comunidades, porque debe ser el estado el que se adecúe a los pueblos indígenas y no al contrario”, afirmó.

Por otra parte Ever Epinayu, líder del municipio de Manaure, asegura que lo hecho por la Corte y la Procuraduría da esperanza a las comunidades que esperan un cambio, aún cuando no se ha cumplido nada de lo estipulado en la sentencia.

Los líderes políticos de la región también fueron señalados como responsables de la situación que viven los niños de la comunidad. El procurador General, Fernando Carrillo, dijo en la audiencia que la clase política guajira ha sido insensible ante las necesidades de la población infantil, especialmente con los niños de las comunidades indígenas del departamento.

El jefe del Ministerio Público anunció que la entidad tiene listas acciones disciplinarias contra los funcionarios que no cumplan con las medidas dictadas por la Corte, permitiendo que la actual situación continúe.

“El Estado colombiano en su conjunto siempre me ha desconocido como interlocutor por nuestra fuerte voz que hemos alzado en rechazo a las continuas muertes de los niños wayuu por desnutrición en nuestros territorios”, afirmó el líder wayú, Javier Rojas.