‘Mico’ en proyecto anticorrupción beneficiaría a implicados en el ‘cartel de la Toga’

Este martes, un proyecto del Gobierno vuelve a discusión en el Congreso de la República en una sesión conjunta de comisiones primera.

Se trata del proyecto anticorrupción presentado por la Fiscalía para fortalecer las penas a quienes estén siendo procesados por delitos contra la administración pública.

La propuesta de la Fiscalía apareció junto a una nueva polémica tras una denuncia que realizó el representante del partido conservador Juan Carlos Wills, el cual asegura que tras la aprobación de proyecto existen intereses políticos particulares donde se verían beneficiados los implicados en el ‘Cartel de la Toga’.

Juan Carlos Wills argumenta que el artículo 22 de la propuesta pretende modificar el artículo 415 del código penal, donde se establece que se da un incremento de una tercera parte de la pena cuando se comete prevaricato en actuaciones judiciales o administrativas en delitos como narcotráfico y concierto para delinquir. Es decir, cuando los autores de los delitos son jueces o fiscales.

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De aprobarse esa propuesta, que inexplicablemente suprime del artículo actual la expresión “judiciales”, ese incremento de la tercera parte de la pena no se le podría aplicar a jueces y magistrados que cometan prevaricato por acción o por omisión, en actuaciones por los delitos mencionados, manifestó el representante del partido Conservador.

La aprobación de este proyecto presentado por la Fiscalía, según el congresista, favorece a los jueces y fiscales que hayan cometido actos de corrupción en los procesos que adelanten. Como por ejemplo, los magistrados involucrados en casos como el ‘Cartel de la Toga’.

Esto quiere decir que jueces y magistrados no tendrían esa circunstancia de agravación punitiva, por lo cual se estaría favoreciendo de manera directa a quienes hacen parte de ese ‘cartel de la toga’, no solamente reduciéndoles esa tercera parte de la pena, sino también reduciendo el tiempo de prescripción, señaló Wills.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación salió a desmentir los argumentos del congresista, asegurando que no existe un ‘mico’ en el proyecto de ley que beneficie a los implicados en este caso de corrupción judicial.

El asesor del órgano fiscal general, Majer Nayi, explicó que lo que se pretende con la propuesta es ampliar la aplicación de aumento de penas para otro tipo de funcionarios.

No es cierto que exista un mico en el proyecto de ley, lo que hace es todo lo contrario, aumentar el catálogo de delitos que se van a agravar con ocasión de la participación de un funcionario de la Rama Judicial o que cumpla función jurisdiccional transitoria o permanente, indica Majer Nayi.

El asesor comentó que la norma, plantea extender este tipo de circunstancias de agravación para «muchos otros delitos contra la administración pública».


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