Hospitales denuncian que aún no reciben los recursos que el Gobierno prometió

Pese a los reiterados anuncios por parte del Gobierno Nacional sobre las ayudas estatales que han sido aprobadas para el sector Salud y así brindar mayores garantías a todos lo profesionales que actualmente lidian con la crisis generada por el Covid-19, la evidencia muestra que en gran parte de los centros médicos las ayudas anunciadas no se ven por ningún lado.

Así lo advierte la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), afirmando que el gobierno del presidente Iván Duque no ha entregado los dineros que prometió a la red de hospitales públicos del país, tras anunciar la supuesta entrega de millonarios recursos para pagar las deudas que se tienen con los centros de atención y varios empleados de los mismos.

Tristemente, pese a los esperanzadores anuncios por parte del Gobierno en torno al desembolso de $5 billones, para cubrir las deudas que se tienen con varios centros hospitalarios del país, buscando que cada entidad se prepare de la mejor manera para afrontar la crisis de salud y los posibles infectados que lleguen a ellas, las declaraciones de Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Acesi, no son muy esperanzadoras.

“Esa plata no ha llegado y yo pienso que es muy importante que los medios de comunicación tengan esa información muy clara, porque a veces con las noticias nacionales la sensación que se da es que ya los hospitales y los prestadores de salud tenemos los recursos suficientes para afrontar toda esta pandemia y no es cierto”, afirmó la directora de la asociación.

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Igualmente, comentó sobre otros aspectos relacionados como la supuesta entrega de 5 billones de pesos, “en donde a groso modo se habla de tres fuentes; una de los acuerdos de pago de punto final, compra de cartera y el recurso corriente, que es lo que gira mes a mes el gobierno, pero que no son adicionales”.

Finalmente, Zuluaga dio como ejemplo la situación que se viene presentando en el departamento de Risaralda, donde los recursos provenientes de la Ley de Punto Final han sufrido un trámite más que largo, debido al proceso de conciliación referente a las deudas que existen entre las EPS y la Gobernación, además del constante incumplimiento en los acuerdos pactados con los entes territoriales por parte de las mismas EPS.


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