Contratos del Ejército habrían causado detrimento patrimonial por $3 mil millones

Siguiendo la tendencia de denuncias realizadas por detrimento patrimonial en los últimos días, la Contraloría General de la Nación a reportado por lo menos 28 irregularidades relacionadas con contratos y obras destinadas a la reparación y mejoramiento de distintos componentes dentro de la División de Aviación y Asalto Aéreo, entre otros sectores.

Según un informe publicado por el noticiero CM&, la Contraloría habría hallado en uno de los contratos destinados para la reparación de componentes de aviación para las fuerzas armadas, varias irregularidades en la forma en que el organismo militar habría realizado varios desembolsos sin ninguna clase de contraprestación, es decir, un daño fiscal que en costos superaría los 465 millones de pesos.

De igual manera, RCN Radio comentó cómo, por información directa de la Contraloría, varios involucrados en los desembolsos habrían sido “eximidos los responsables de la ejecución sin sustento legal”, dando muestras de una clara corrupción a favor las empresas y contratistas relacionados.

Otro detalle destacado por el medio radial fue como uno de los contratistas, encargado del suministro de combustibles para las aeronaves, se habría favorecido con ayuda de algunos uniformados en usar bienes estatales, como la disposición de aeronaves para uso personal en reiteradas ocasiones.

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“Consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo”, señaló el medio radial durante su emisión.

Además, el ente de control señala otro contrato firmado por la institución relacionada a un proyecto de infraestructura, el cual al momento de compararse la naturaleza y el estado de la obra entregada con el dinero desembolsado para la realización, la cantidad superaría en por lo menos 160 millones de pesos en referencia al trabajo entregado.

Pero las denuncias no se detienen ahí, puesto que al parecer la Contraloría habría encontrado el pago por parte del Ejército de varios SOAT y seguros a vehículos que han salido de circulación o se encuentran fuera de servicio, que no solo están incapacitados para prestar un servicio sino que además se encuentran en espera a ser chatarrizados.

Son más las denuncias en contra de la Institución, la cual entre contratos irregulares y de dudosa ejecución habría generado un detrimento patrimonial de aproximadamente 3.740 millones de pesos al Estado colombiano.


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